En la perenne discusión sobre los distintos índices de inflación siempre hay nuevos retos, temas inexplorados y soluciones pendientes de adoptar. Pareciera una historia de nunca acabar. Pero, entre todos, controlar el incremento en el índice de precios al consumidor (IPC) es el más importante, pues es el que afecta, en definitiva, el bolsillo de la gente y su correspondiente bienestar. También influye en las decisiones de consumo e inversión y los índices de pobreza. ¿Están haciendo las autoridades todo lo posible por controlarlo?

La respuesta es negativa. Si bien la tasa de inflación había venido bajando marcadamente durante el 2009 hasta alcanzar una variación interanual de solo el 4%, en los primeros tres meses de este año la tendencia se revirtió y el índice de precios al consumidor volvió a subir, alcanzando un 2,57%, más de la mitad de la meta planteada por el Banco Central para todo el 2010. ¿Cuáles son los factores que más han incidido en los resultados? ¿Se podrán lograr metas de inflación bajas durante el presente y próximo años? ¿A quién o quiénes corresponde adoptar las medidas correctivas necesarias para no sacrificar al consumidor?

Para responder, es importante hacer la distinción entre incrementos en los distintos índices de precios y la inflación propiamente dicha. La inflación es un incremento generalizado de precios debido a aumentos en la liquidez por encima del crecimiento de la producción. A largo plazo, la inflación es siempre un fenómeno inflacionario. Pero, a corto plazo, el índice de precios al consumidor puede verse afectado por factores puntuales que no necesariamente están relacionados con la liquidez. Tal es el caso de los choques externos como variaciones en el precio del petróleo, o choques internos asociados con variaciones abruptas en la producción de bienes agrícolas. Además, ejercen una influencia importante las variaciones de ciertos bienes y servicios regulados, como las tarifas de los servicios públicos, así como otros bienes que responden a factores inerciales, poco relacionados con la inflación general acumulada.

Si se anualiza la variación acumulada del IPC (2,57%) en los primeros meses del año, obtendríamos una variación superior al 10% anual, equivalente al doble de la meta de inflación (5%). Pero, si se observa la variación interanual del índice subyacente de inflación (ISI), utilizado por el Banco Central para medir realmente el impacto de la política monetaria (excluye los bienes cuya variación es más volátil y, por ende, sujetos a los vaivenes de oferta y demanda real y no de la liquidez), vemos que apenas creció alrededor de un 4% de enero del año pasado a enero de este año.

Un análisis similar se obtiene mediante la nueva metodología incorporada por el Banco Central a su arsenal reciente, denominada medias truncadas de inflación. Por tanto, el descontrol de corto plazo de la meta de inflación, medida por variaciones en el IPC, no parece estar tan ligada a la política monetaria, sino, más bien, a otros factores ajenos al Banco Central.

La discusión se centra ahora en la influencia que ejercen en el IPC aquellos bienes y servicios cuyos incrementos responden a una acción inercial, poco relacionada con la inflación general. Tal es el caso de los ajustes en el costo de la educación, cuyo incremento reciente ronda el 10%; los servicios de taxi, que subieron un 25%; transportes y la electricidad, con un aumento en línea de un 10%. En general, los precios regulados han subido más que los libres. ¿A qué se debe este fenómeno? No vamos a entrar, de momento, en el análisis de los distintos mercados de la educación para ver si son suficientemente competitivos, pero sí queremos llamar la atención de los modelos utilizados para ajustar precios y tarifas públicas, algunos de los cuales se encuentran obsoletos, tal y como han mencionado distintos funcionarios y exfuncionarios públicos. Por ejemplo, los gastos por depreciación de unidades de transporte nuevo pueden depreciarse aceleradamente dentro de la normativa actual, cargando a los usuarios costos excesivos y aumentando las utilidades de los empresarios innecesariamente.

También deben fijarse las autoridades en los costos totales de las distintas entidades públicas, como el ICE, INS, Japdeva, municipalidades y otras, para evitar que la burocracia y la ineficiencia se cargue a los usuarios. Esa inflación inercial no forma parte de la inflación más convencional, aunque ambas se registran como variaciones en el IPC. Y de ahí la conclusión principal: mientras no se controlen esos factores de costo e ineficiencia en las tarifas, será más difícil para los costarricenses disfrutar de la estabilidad de precios que se merecen. Se impone, por tanto, una reforma integral del Estado, tarea aún pendiente en la cartera de Planificación.

Autor: Editorial La Nación

Fuente: http://www.nacion.com/2010-04-12/Opinion/Editorial/Opinion2331089.aspx